Balance a mitad del sexenio de AMLO y de la administración de Armando Cabada, prevaleció inseguridad: FICOSEC

Ciudad Juárez, Chih. a 13 de septiembre de 2021.- Nos encontramos a la mitad del
mandato de la administración federal y en el inicio de los gobiernos estatal y
municipal. Ante los riesgos que suponen los cambios de administración en términos
de continuidad de las buenas prácticas, pérdida de experiencia, vacíos de poder y
posible aprovechamiento por parte de grupos criminales, y ante la debilidad que
observamos en las instituciones federales, es necesario abordar varios retos
inmediatos y urgentes.
Durante el mes de julio, las autoridades estadounidenses realizaron 212 mil 672
aprehensiones a migrantes (promedio de 6 mil 860 personas por día), según US
Border Patrol. 59,762 de las aprehensiones fueron a mexicanos y 152,910 a otras
nacionalidades. Dado que el 27% representa reingresos, se estima que se
aprehendieron a 43,626 mexicanos y a 111,624 extranjeros.
El fenómeno migratorio representa millones de dólares. Según encuestas de la
Organización Internacional para las Migraciones, el 21% de los mexicanos y el 35%
de los extranjeros que cruzan a EEUU contrataron guía (polleros). Un mexicano paga
mínimo 4 mil USD y un extranjero 8 mil USD. Por lo tanto, se estima que los
traficantes de personas cobraron $350 millones de dólares solamente durante el
mes de julio. Dado que el 51% de los retornos se dan por la frontera Chihuahuense,
se calcula que el tamaño del mercado local es de $178.5 millones de dólares.
Las personas migrantes son altamente vulnerables de ser víctimas de algún delito.
Son abordados por grupos delictivos en cuanto retornan a México, quienes con
engaños, los enganchan y victimizan. En ocasiones las personas migrantes son
“vendidas” a la delincuencia organizada. Las autoridades policiales han reportado
que los traficantes los cruzan a EEUU con trajes camuflajes y mochilas con drogas.
Una vez captados por grupos delictivos en México, son muchas veces secuestrados y
amenazados con violarles, matarles, o vender o asesinar a sus hijos; contactan a sus
familiares, sobre todo los que radican en EEUU, solicitando dinero a cambio de su
libertad. Se conoce que les piden entre 7 mil y 15 mil dólares. Quienes no pagan,
corren el riesgo de ser asesinados. Debemos evitar otro San Fernando en Ciudad
Juárez a como de lugar.
Desafortunadamente el Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad de
reacción, pues solo cuenta con 180 agentes desplegados en toda la entidad. Por otro
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lado, los delitos del fuero federal como los migratorios y el crimen organizado se
persiguen con muchas limitaciones debido al debilitamiento del estado de fuerza de
la Fiscalía General de la República, pues tiene capacidades muy limitadas para la
persecución de los delitos federales: no se tienen carpetas en investigación por
delincuencia organizada en Ciudad Juárez. Consideramos que el tráfico de personas,
droga, armas y dinero no se deben desatender por el gobierno federal.
El Centro Regional de Fusión de Inteligencia que anunció el Presidente en su visita a
nuestra frontera en enero del 2020 para combatir el tráfico de dinero, armas, drogas
y tráfico y trata de personas no se ha puesto en marcha. Esta decisión del gobierno
federal contribuirá a disminuir esos delitos.
Por ello requerimos que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda
aumente el presupuesto de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República y
del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Requerimos que Armando
Cabada, ahora Diputado Federal, en conocimiento pleno de las necesidades de
Ciudad Juárez, abogue por nuestra ciudad.
Ante la culminación de la administración municipal es importante realizar un
balance de la actual administración en materia de prevención, seguridad y justicia
cívica del municipio con el objetivo de reconocer las prácticas que deban ser
evaluadas por la nueva administración para valorar su continuidad, así como
aquellas prácticas se deben mejorar. El análisis servirá de línea de base para la
administración entrante de Cruz Pérez Cuéllar.
Reconocemos los avances obtenidos en la administración saliente en la materia que
nos ocupa, como la Estrategia Interinstitucional del Suroriente, el fortalecimiento y
resultados del Instituto Municipal de las Mujeres, la institucionalización del Sistema
de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), la creación de la
Comisión Permanente de Violencia Sexual Infantil y la mejora en el Índice del
Desempeño del Gobierno en Prevención (GOPI).
Otro gran acierto fue la transversalización de la perspectiva de género en los
manuales operativos, así como la aprobación del reglamento de justicia cívica, la
renovación del Manual de Policía, la fusión de tránsito a la SSPM, y el premio al
policía con participación ciudadana.
Destaca también la modernización del CERI-911 con participación estatal, la
construcción de la Academia de Policía con incremento en su capacidad para
desarrollar a 700 candidatos por generación, la construcción del distrito policial
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Riberas y los juzgados cívicos, el equipamiento tecnológico de la policía con tablets,
la dotación de cámaras de solapa para agentes de seguridad vial, que aumentó el
ingreso en las arcas municipales en 62% y el arrendamiento de patrullas adecuadas
y tecnificadas. Confiamos en que las adquisiciones y las obras se realizaron en total
transparencia y máxima pulcritud en el uso de los recursos.
Uno de los mayores aportes que el gobierno municipal hace en materia de seguridad
pública es el fortalecimiento a su institución policial, la cual cierra con 2 mil 183
policías preventivos en activo, 7% más estado de fuerza que al inicio de la
administración, cuando contaban 2 mil 035 integrantes. El reto para la nueva
administración municipal será incrementar el estado de fuerza a 4 mil 500 policías,
para dar cumplimiento a la sugerencia de las Naciones Unidas.
En el marco de la Certificación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, se realizó la Encuesta de Clima Laboral levantada en el mes de julio de
este año. En lo que refiere al desarrollo policial, observamos una corporación con
grandes áreas de oportunidad. La encuesta destaca que solo el 37% de las y los
policías está satisfecho con ambiente laboral; el 40% se ha sentido hostigado
laboralmente por sus compañeros o superiores y el 37% tiene conocimiento de
probable acoso sexual entre integrantes de la Secretaría.
La encuesta previa, que fue levantada en el 2018, apuntó que en ese año solo 3 de
cada 10 policías renunciaría; en contraste, hoy renunciaría el 80% del estado de
fuerza si tuviera oportunidad. Ante la pregunta de qué es lo que no les gusta de la
corporación, existe un sentir actual de desconfianza, favoritismo, corrupción,
autoritarismo, mala actuación de los superiores y bajas oportunidades de
crecimiento.
Solo el 42% de las y los respondientes asegura que puede crecer laboralmente. El
75% no confía plenamente en sus compañeros; el 53% considera que hay personas
privilegiadas por los mandos, que pocos mandos predican la ética con el ejemplo
(67%) y que las órdenes que éstos dan no son las adecuadas (65%).
La policía es consciente de sus necesidades y demanda mejores mandos, mejores
salarios y prestaciones, mejores turnos que eliminen la sobrecarga de trabajo, más
apoyo institucional, mejores oportunidades de crecimiento y más y mejor
equipamiento. Así mismo, urge la erradicación de órdenes superiores que los
obligan a cometer actos no éticos como arrestos injustificados y corrupción.
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La desconfianza de la ciudadanía hacia la policía se debe a las múltiples denuncias
ciudadanas por abuso de autoridad, aunado a la falta de presentación ante la
autoridad judicial del jefe de inteligencia por la orden de aprehensión girada en su
contra por la probable comisión de hechos delictivos.
Nuestra policía fue orgullosamente la primera en obtener una certificación
construida sobre las mejores prácticas nacionales e internacionales por expertos de
Insyde, otorgada por la ciudadanía y financiada y acompañada por el empresariado
a través de Ficosec por primera vez en el año 2016. Luego, en el año 2018 la SSPM
obtuvo la recertificación con una vigencia de dos años. Le apostamos a que el nuevo
gobierno de Cruz Pérez recuperará la recertificación en su primer año de mandato.
Nuestro ánimo es proponer, sumar y comprometernos con una agenda de
prevención, seguridad y justicia efectiva. Por ello urge que el gobierno de Cruz Pérez
Cuéllar asuma el liderazgo y el compromiso con la seguridad y genere estrategias
que tengan resultados en coordinación con el gobierno federal, estatal, poder
judicial y Congreso del Estado. Consideramos que los esfuerzos de la nueva
administración municipal deben concentrarse en lo siguiente ocho grandes rubros:

1. Desarrollo policial.
2. Transformación digital.
3. Inteligencia y coordinación.
4. Gobernanza participativa.
5. Órganos de control interno.
6. Justicia cívica.
7. Prevención.
8. Presupuestos y gasto ordenado y pulcro.
   La seguridad pública debe ser prioridad para la nueva administración municipal,
   estatal y federal; colaboraremos en disminuir la impunidad para la construcción de
   la seguridad ciudadana.
   Jorge Contreras Fornelli
   Presidente de Ficosec Zona Norte
   Invitado Permanente al Consejo
   Nacional de Seguridad Pública
   Diana E. Chávarri Cazaurang
   Directora
   Ficosec Zona Norte