Vecinos denuncian afectación a más de 2 mil viviendas y aseguran que durante el operativo fueron retiradas sus pertenencias
Ciudad Juárez, Chih.– El operativo realizado en el sector de Las Huertas abrió una fuerte controversia por el desalojo de familias que, de acuerdo con vecinos del lugar, han habitado esa zona durante más de 30 años.
Representantes de una constructora, acompañados por actuarios y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acudieron a las inmediaciones de la colonia Margaritas para dar cumplimiento a una orden judicial relacionada con viviendas en disputa. Sin embargo, habitantes del sector aseguran que la acción no solo impactó a familias con décadas de permanencia en el sitio, sino que estaría alcanzando a más de 2 mil viviendas.
De acuerdo con testimonios recabados entre vecinos, durante la diligencia hubo ingresos forzados a algunas casas y, además, fueron sacadas las pertenencias de las familias, lo que elevó la tensión en la zona y provocó un bloqueo vehicular por parte de residentes inconformes.
La reacción vecinal colocó en el centro del debate la manera en que se está describiendo el caso. Para quienes habitan el sector, no se trata de una ocupación reciente, sino de familias con una presencia prolongada, arraigo comunitario y décadas de vida construida en el lugar.
El conflicto también reabre la discusión sobre el tratamiento que debe darse a este tipo de casos cuando existe posesión de larga data. Vecinos sostienen que, frente a una situación de esa naturaleza, la respuesta no debería limitarse al uso de la fuerza o al retiro de pertenencias, sino contemplar también revisión jurídica, mediación y alternativas de certeza patrimonial.
Más allá del litigio, lo ocurrido en Las Huertas exhibe una fractura entre el cumplimiento de una resolución y la realidad social de miles de personas que hoy se dicen afectadas por el operativo. La dimensión del caso, por el número de viviendas involucradas y por la antigüedad de la permanencia de muchas familias, ha encendido preocupación entre habitantes del sector.
En una ciudad con rezagos históricos en materia de vivienda, regularización y ordenamiento urbano, el caso deja una pregunta inevitable: si durante tantos años hubo familias viviendo en esas casas, ¿por qué la respuesta institucional llegó hasta ahora y bajo una lógica de desalojo?
Para vecinos de la zona, esa omisión también forma parte de la crisis.
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