La acusación de narcotráfico redefine el papel del Gobierno federal frente a la situación que se vive en Sinaloa
La gestión de Rubén Rocha Moya al frente del estado de Sinaloa ha estado marcada por una serie de crisis que han puesto bajo el ojo público su capacidad de gobernanza y la integridad de sus instituciones, sobre todo, al relacionarlo fuertemente con el crimen organizado, señalamientos que han recobrado fuerza a partir de las acusaciones en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos dadas a conocer ayer.
Desde su ascenso al poder, envuelto en señalamientos de intervencionismo electoral y acuerdos políticos que incluyen al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta la reciente crisis de seguridad en Sinaloa que ha fracturado la vida del estado, su administración se ha sido marcada por una constante tensión entre los discursos oficiales “de normalidad” y una realidad de violencia persistente, que podrían estar directamente relacionados con el papel que juega el crimen organizado en su gobierno.
Rubén Rocha Moya es licenciado en Derecho por la UNAM, además cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Aunque desde 1986 comenzó su trayectoria política, siendo el candidato a la gubernatura de Sinaloa al frente del partido “Movimiento Popular Sinaloense”, y posteriormente en 1998 por la coalición PRD-PVEM-PT, también fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 1993 a 1997, teniendo una parte académica en su perfil.
Desde 2005 comenzó a fungir como asesor político de figuras clave del gobierno de Sinaloa. Y aunque, una vez más, en 2018 llegó a las boletas electorales de Sinaloa, entonces lo hizo postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), para convertirse en senador por Morena, llegando así al cargo ese año.
Rocha fue un firme defensor de la estrategia de “Abrazos, no balazos” impulsada por López Obrador, bajo el argumento de atender las causas de la violencia, una política ampliamente cuestionada por no confrontar directamente a los cárteles.
Originario de Badiraguato, municipio también conocido por ser cuna de figuras históricas del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán, su trayectoria ha estado constantemente bajo el escrutinio público en medio del contexto de violencia y presencia del crimen organizado en la entidad.
En el plano político actual, Rocha Moya se ha convertido en una figura incómoda dentro del propio oficialismo. A sus 76 años, no solo enfrenta cuestionamientos internos, sino que su situación ha escalado al ámbito internacional, al convertirse en el primer gobernador en funciones acusado formalmente por la administración de Donald Trump de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Este escenario ha colocado al gobierno federal en una posición compleja, al tensionar la relación entre la política interna y los vínculos con Estados Unidos, en un contexto donde la seguridad, el narcotráfico y la cooperación bilateral son temas centrales.
Pese a ello, Rocha ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que no existen pruebas en su contra, afirmando que permanecerá en Sinaloa y que ya ha tenido comunicación con la Presidenta, sin detallar el contenido de dicha conversación.
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