El misterioso Tren del Norte

Después de una fuerte presión por parte de la opinión pública porque se esclarecieran los datos con respecto a una obra fantasmagórica que parecía avanzar a pasos acelerados, los ejecutivos estatal y federal se vieron obligados a explicar parte de lo que será un megaproyecto ferroviario—claro que obviando algunos datos fundamentales.

El 18 de noviembre pasado, la Prensa Asociada (Associated Press o AP) publicó una nota interesante e inquietante, firmada por Daniel Shailer, que narra cómo algunos residentes del municipio de Ímuris en el estado de Sonora y zonas aledañas—quienes se resisten a la construcción de un tren que afectaría sus propiedades y recursos naturales—“enfrentan un muro de secrecía gubernamental”. En dicho reportaje se narran las potenciales afectaciones ambientales de una obra sobre la que no se conocía nada de forma oficial hasta hace unos días. Gracias a esta nota de AP, las autoridades federales y estatales se vieron obligadas a informar sobre una megaobra de infraestructura que ha venido avanzando en total secrecía y, según lo han reportado distintos medios, sin los estudios de impacto ambiental, ni los cambios pertinentes de uso de suelo que avalarían su desarrollo y pertinencia.

Dicha obra magna se construye en un ambiente de misterioso sigilo, y hoy por hoy quedan enormes dudas del porqué de este actuar por parte del Gobierno federal—que parece apoyado plenamente por el Gobierno sonorense, encabezado por Alfonso Durazo. De no haber sido por la nota de la Prensa Asociada, cuya información fue retomada y ampliada por diversos medios de comunicación a nivel federal y estatal—destacando el excelente espacio de información sonorense, Proyecto Puente—continuaríamos sin conocer sobre el tema. Después de una fuerte presión por parte de la opinión pública porque se esclarecieran los datos con respecto a una obra fantasmagórica que parecía avanzar a pasos acelerados, los ejecutivos estatal y federal se vieron obligados a explicar parte de lo que será un megaproyecto ferroviario—claro que obviando algunos datos fundamentales.

En medio de fuertes reclamos por transparencia con respecto a esta obra, Alfonso Durazo primero admite el desarrollo de la línea ferroviaria entre el puerto de Guaymas y la ciudad fronteriza de Nogales. Nos cuenta que “aún están en tiempo” para entregar los estudios de impacto ambiental, aunque los trabajos de la infraestructura ferroviaria avanzan de forma acelerada. Por su parte, el Ejecutivo federal informa parcialmente sobre la obra y publica un decreto que “establece que a las vías férreas concesionadas del territorio nacional se integrará el servicio de pasajeros, al tiempo en que se respetarán las actividades de carga”.

En ese contexto, y derivado de la fuerte presión ciudadana a partir de una cobertura extraordinaria sobre el tema, Presidencia nos informa por fin que esta es una extensión del Tren Maya, el cual ampliará su recorrido para llegar a distintos estados del país. Así se da a conocer que se construirá el “Tren del Norte, el cual llegará a Guadalajara, Sinaloa, Sonora y Nogales, y la otra vía a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo”. Serán “siete rutas de trenes de pasajeros, adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las que se ‘reactivarán’ haciendo uso de las vías férreas concesionadas entre 1995 y 1999”.

Según la información proporcionada por el Gobierno federal, Sonora “se prepara para ser [una] de las primeras siete rutas donde se implementarán los proyectos de trenes para pasajeros, por lo que ya inició la construcción de 63 kilómetros nuevos de vías, mismos que se conectarán con los 36 ya existentes”. La obra, al igual que el Tren Maya, está a cargo de la Sedena y, para este tramo sonorense, el Gobierno federal destinará una inversión inicial de siete mil millones de pesos.

Llama mucho la atención que esta información haya sido proporcionada por las autoridades federales y estatales sólo hasta que fue inevitable hacerlo —dado el revuelo que provocó la nota publicada por una agencia de medios reconocidísima a nivel internacional. La nota de AP destaca la secrecía en lo que se relaciona a la construcción de la obra, así como los potenciales daños ambientales de la misma, entre los que resaltan las afectaciones al Río Cocóspera y a un Área Natural Protegida (el rancho Aribabi). Algunas comunidades y pobladores en lo individual también resultarían afectados. Según el Centro para la Diversidad Biológica, la obra, “además de perturbar la vida silvestre que depende del río, . . . también cortará un importante corredor de migración . . . para ocelotes, osos negros y jaguares”.

la total secrecía de una obra que se vislumbra como magna y me compartió el sentir de muchos pobladores de Ímuris, quienes le relataban sus miedos a perder sus propiedades y su temor por la presencia del Ejército en su región. El periodista me comentó también que incluso el Presidente Municipal de Ímuris no tenía conocimiento hasta ese momento de ninguno de los detalles de la obra, incluso de dónde pasarían las vías del tren. A continuación, reproduzco algunos extractos de nuestra conversación que considero muy importantes:

Guadalupe Correa-Cabrera (GCC)— Luis, ¿qué fue lo que más te sorprendió sobre el trabajo que realizaste para la Prensa Asociada, más allá de la nota en sí? Me gustaría me compartieras los aspectos que más te llamaron la atención sobre los viajes que hiciste a Ímuris y sus alrededores.

Luis Castillo (LC)— Lo que más llamó mi atención es que aparentemente la obra se estaba construyendo en total secrecía. Van muy rápido, y ya se vislumbra una gran estructura. Por otro lado, noté a la gente—en particular a los opositores a la obra—muy presionados y asustados por la presencia de los militares. En las entrevistas que realicé se mencionó frecuentemente un nombre que causaba cierta inquietud entre los pobladores: un tal Mayor Casanova. Pronto conocí quién era supuestamente ese personaje.

LC— En una segunda visita que hice al lugar donde se realizaban la mayor parte de los trabajos (para sacar fotos y videos) me sucedió un evento fuera de lo común. Al terminar las tomas decidí salir del lugar, y en ese momento se me acercó en una “camioneta del año”, el Ingeniero Narciso Aguilar, quien se presentó como el “encargado de la construcción del proyecto”. Se baja del carro muy mal encarado y me dice lo siguiente: “¿Sabes que está prohibido grabar o hacer fotografías aquí verdad?”. Yo le dije que no creía que eso estaba prohibido pues aquella era un área pública. Él me dice que ahí eso “estaba prohibido, porque la obra la trae la Sedena” y repite que él es el responsable del proyecto. Luego me pide una identificación y yo se la doy y le doy mi licencia de conducir también. Le digo que estoy haciendo un trabajo para AP y él toma foto de mis identificaciones.

LC— Después, él me advierte: “Tú ya estás reportado con el Mayor Casanova [¡el famoso Mayor Casanova!]. Casanova, según Narciso Aguilar, “es el único que le da información directa al Presidente de México, al Presidente López Obrador, de la obra que se está haciendo”. Y continúa diciendo que yo necesito “sacar un permiso con la Sedena” y me explica los múltiples pasos que ello conlleva [lo cual implicaría invertir mucho tiempo y hasta viajes a la Ciudad de México]. Entonces, yo le contesto que ya tenía las fotografías y el material. Aguilar responde del siguiente modo: “¿Ya tomaste las fotos verdad? Pues si sale al público, esto va a haber consecuencias”.

No entiendo yo por qué estamos construyendo, con dinero público, una obra que beneficiará a un particular. Hay una concesión para un particular, pero las nuevas vías del tren las estamos pagando todos, es decir, el Pueblo de México. Yo veo que la obra de construcción la está llevando a cabo la Sedena, es decir, el Ejército mexicano, exactamente igual como lo hicieron con el Tren Maya. Ahora bien, si es una obra pública, porque no tenemos los datos los mexicanos: ¿Quién la está construyendo? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Cuánto va a costar? ¿En cuánto tiempo va a estar lista? [NOTA: hasta este momento las autoridades mexicanas, misteriosamente, no habían informado nada sobre el tren].

LC— Esto ya creció. En Estados Unidos va a haber oposición. Esto ya agarró vuelo. Hay un área reservada. Es el mismo desierto, pero también son las mismas áreas verdes. En el otro lado, la gente se va a oponer, pues perciben se van a afectar sus ríos. El agua es un factor clave aquí. Grupo México no se caracteriza por ser muy cuidadoso aquí en arrojar sus desechos, sobre todo en el agua. Esta vez sí les afectaría a ellos. Entonces creo yo que va a haber oposición del lado gringo por parte de los activistas ambientales, y no sé si de políticos o de quien más, pero de que va a haber oposición del lado gringo la va a haber. Esto es muy importante porque allá les hacen un poquito más de caso.

Por lo anterior, la construcción de las nuevas vías para operar el Tren del Norte, en el tema del estudio de impacto ambiental, recaería dentro del marco legal (que decidió así, la actual administración). Entonces, ¿por qué la secrecía? ¿Por qué nadie sabía nada hasta que se publicó el reportaje de AP, y hasta que se generó un gran revuelo en medios y la opinión pública comenzó a presionar? ¿Por qué Narciso Aguilar dijo lo que dijo a nuestro amigo Luis Castillo? ¿Qué quiere o quería ocultar el Gobierno federal, apoyado por el Gobierno del estado de Sonora? ¿Quién se va a beneficiar, además del pueblo de México que es quien paga por el proyecto operado por la Sedena? ¿Cuál será el papel aquí de Grupo México y cuáles serán sus beneficios? ¿Habrá otros beneficiarios de origen extranjero?

Demasiadas preguntas aún sin respuesta. El tema de los megaproyectos en Sonora, incluido el también fantasmagórico Plan Sonora—cacareado en distintos foros internacionales o con presencia de actores internacionales, que parece ser hasta ahora únicamente una presentación de PowerPoint sin detalles operativos o financieros de relevancia, y carente de transparencia en sus aspectos más básicos—deja mucho que pensar y cuestionar. La falta de transparencia del Gobierno de Sonora y del Gobierno federal en lo que respecta a proyectos estratégicos en ese mismo estado parece ser preocupante.

La secrecía parece ser la marca del Gobierno actual en esa entidad, aunque también hay que considerar otros intereses extranjeros en el tema de la minería (incluyendo el litio en particular), las energías renovables, el agua y la seguridad. Es interesante analizar actores que llegaron a cubrir el tema del tren con agendas aparentemente ambientalistas, pero que podrían representar también otros intereses igualmente capitalistas que se quedarían fuera de la ecuación calculada por el actual Gobierno federal mexicano [que quizás no se guían únicamente por un tema de protección ambiental o beneficio social]. No todo es blanco o negro y hay bastantes intereses operando aparentemente al mismo tiempo. Se valoraría entonces una mayor transparencia por parte del Gobierno de México. O quizás ello no es posible dada la protección a intereses específicos bajo el esquema que desean operar.

Después de tantos estudios serios que plantean lo contrario . . . “ahora resulta” que la desalinizadora no afectaría al ecosistema marino del Alto Golfo de California. Esperemos no nos den un “madruguete” como fue en el caso de los trenes y la nueva Ley Minera. Ya basta de secrecía, acuerdos en lo obscurito y beneficios cuantiosísimos a grandes intereses capitalistas. Los sonorenses y el Pueblo de México merecen conocer hacia dónde van sus impuestos y quién se beneficia de sus vías de transporte y sus recursos naturales estratégicos.