El organismo estadounidense ajustó el estatus laboral de las personas detenidas, entre otras reformas clave.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de que uno de sus principales contratistas privados propusiera cambios que benefician su posición legal en litigios laborales, según informó este lunes The Washington Post.
La empresa GEO Group, que gestiona más de una docena de centros bajo contrato con ICE, pidió eliminar referencias a leyes estatales y locales en la regulación de los centros y ajustar el lenguaje sobre el estatus laboral de las personas detenidas, de acuerdo con una persona informada de las conversaciones citada por el diario.
ICE incorporó parte de esas propuestas en la versión revisada de los estándares.
¿En qué consisten los cambios del ICE?
El nuevo documento establece que las personas detenidas «no son empleados» y que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales, y por tanto elimina referencias previas a la obligación de pagar al menos un dólar diario por trabajos dentro de los centros.
GEO Group enfrenta litigios en varios estados por presuntas violaciones de leyes de salario mínimo, al pagar a algunos detenidos un dólar al día por labores en los centros. La compañía sostiene que se trata de trabajo voluntario y que opera bajo directrices del Gobierno federal.
El informe del rotativo señala además que la revisión de normas refleja la influencia de los contratistas privados sobre el sistema de detención migratoria, en el que ICE actúa como regulador y principal cliente al mismo tiempo.
En ese contexto, dos funcionarios de alto rango vinculados a la política migratoria del actual Gobierno -el llamado «zar de la frontera», Tom Homan, y el director en funciones de ICE, David Venturella, trabajaron anteriormente para GEO Group, según recuerda el diario, lo que ha llevado a que legisladores demócratas cuestionen si hay posibles conflictos de interés.
El Gobierno ha ampliado de forma significativa el uso de centros de detención en los últimos años, en paralelo al aumento de arrestos de migrantes, y ha recurrido cada vez más a empresas privados para administrar estas instalaciones.
JM
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