Chihuahua, Chih., a 30 de junio del 2026.- El diputado local Oscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, exigió al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Pública del Estado informar de manera detallada y pública si existen reportes, denuncias, carpetas de investigación o averiguación previa relacionadas con la presunta venta ilegal de terrenos en la Sierra Tarahumara o en zonas de reserva ecológica, en contra de las ciudadanas Andrea Chávez Treviño y/o Ariadna Montiel Reyes.
Lo anterior, luego de que la gobernadora María Eugenia Campos lanzara acusaciones públicas sin que exista resolución alguna emitida por autoridad jurisdiccional competente que determine responsabilidad en contra de la Presidenta Nacional de Morena y la Senadora con licencia. Para Avitia, se trata de declaraciones que contravienen el Estado de Derecho, el honor de las personas, la presunción de inocencia y el debido proceso, y que parecen obedecer más a una estrategia de campaña política que al ejercicio responsable del cargo.
“No es la primera vez que la titular del Ejecutivo estatal utiliza señalamientos sin sustento como herramienta de confrontación política, mientras Chihuahua enfrenta problemas que exigen su atención real: inseguridad, falta de resultados en materia de justicia y demandas ciudadanas que llevan meses sin respuesta. En lugar de gobernar, la gobernadora parece estar permanentemente en campaña”, señaló el legislador.
El diputado también cuestionó la actuación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien acusó de pronunciarse de manera irresponsable sobre señalamientos que, dijo, carecen de sustento jurídico. “Un funcionario de seguridad pública no puede salir a hablar de acusaciones como si fueran hechos probados. Eso no es informar, es prejuzgar desde una posición oficial, y genera una enorme irresponsabilidad institucional”, afirmó Avitia.
“Los pronunciamientos de carácter institucional deben privilegiar el respeto a la legalidad, garantizando que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales desarrollen las investigaciones con autonomía, objetividad e imparcialidad, libres de presiones políticas y de cualquier forma de condena anticipada”, advirtió el diputado.
Indicó que cuando existe una imputación de carácter penal, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, determinar responsabilidades conforme a derecho. “Esa es la vía institucional que exige un Estado democrático y constitucional, no las conferencias de prensa ni los señalamientos calculados políticamente”, subrayó.
Avitia advirtió que mientras no exista una resolución firme emitida por autoridad competente, Ariadna Montiel Reyes y Andrea Chávez Treviño conservan plenamente sus derechos constitucionales: “debe prevalecer el respeto irrestricto a la presunción de inocencia, al debido proceso y al principio de legalidad, evitando que los señalamientos públicos sustituyan las determinaciones que únicamente corresponde emitir a las autoridades jurisdiccionales competentes”.
Aclaró que defender la presunción de inocencia no implica obstaculizar investigaciones ni impedir la rendición de cuentas, sino exigir que toda responsabilidad se determine exclusivamente mediante procedimientos legales y pruebas valoradas conforme a derecho.
“La titular del Ejecutivo estatal debe conducir sus declaraciones con honor y veracidad, pero sobre todo con respeto hacia la ciudadanía. La gobernadora debe abstenerse de desinformar y de utilizar el aparato del Estado para fines de confrontación política, en lugar de atender los problemas urgentes que la sociedad chihuahuense le ha exigido resolver. Desde el Congreso del Estado le pido que demuestre si las acusaciones que hizo tienen sustento o, de lo contrario, ofrezca una disculpa pública por sus señalamientos infundados”, concluyó el diputado.
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