La prisión preventiva oficiosa ha puesto de nuevo en el ojo del huracán las relaciones entre el Ejecutivo mexicano y la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel López Obrador ha encendido la polémica en su conferencia matutina al cargar contra el sistema judicial, el único, ha asegurado, que no ha pasado por una limpieza contra la corrupción. “El Poder Judicial está intacto, a los jueces no les importa el pueblo, defienden intereses de grupos”. Esa es la razón por la que el Gobierno se opone a la revisión de la prisión preventiva oficiosa, que en México mantiene a cuatro de cada 10 personas encarceladas sin haber tenido acceso a un juicio. La Corte decidirá en los próximos días sobre esa situación y previsiblemente dejará inaplicado el artículo 19, que contempla numerosos delitos por los cuales un juez puede dictar de forma automática que el acusado siga su proceso en la cárcel.
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