Con su venia, Presidenta, buenas tardes compañeras y compañeros senadores y senadoras.
Este fin de semana en el estado de Chihuahua ocurrió un suceso sumamente trágico en la carretera del municipio de Morelos, en lo más profundo de la Sierra Tarahumara, un terreno sumamente agreste.
Quiero expresar mis condolencias a las familias, compañeros de trabajo y amistades de las cuatro personas que perdieron la vida, nos hemos enterado que dos eran servidores públicos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua y dos más eran extranjeros que hacían labores de seguridad pública en la Sierra Tarahumara.
Sin la debida notificación ni coordinación con autoridades federales competentes, lo que configura en estrictos términos jurídicos una posible transgresión al régimen de distribución de competencias y a los principios de legalidad y colaboración intergubernamental.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional y sus lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros, emitidos por el Consejo de Seguridad Nacional, existe una obligación expresa de las autoridades locales de informar y articular con la federación cualquier participación de agentes extranjeros en tareas vinculadas a la seguridad pública o nacional.
Dicha obligación no es discrecional ni está sujeta a interpretación política, sino que constituye un elemento estructural del sistema de seguridad nacional, orientado principalmente a preservar la soberanía, garantizar el control institucional y asegurar la trazabilidad de la cooperación internacional en materia de seguridad.
Fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando se reformó la Ley de Seguridad Nacional en diciembre del 2020, para incorporar un capítulo que tiene como propósito regular la cooperación con los gobiernos extranjeros en materia de seguridad.
Como parte de estos cambios se estableció el grupo de alto nivel de seguridad y se incorporaron nueve artículos que disponen los mecanismos para la colaboración de los tres poderes de la unión, los gobiernos estatales, locales, así como los organismos autónomos con agencias extranjeras.
Sin embargo, el gobierno del estado de Chihuahua pudiera haber incumplido la ley en múltiples ocasiones, les señalo sólo algunas de ellas, el 1 de abril del 2022 la gobernadora del estado suscribió un memorando de entendimiento en seguridad fronteriza y migración con el gobernador de Texas Greg Abbott.
Posteriormente, el 22 de agosto del 2025 el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal declaró que en la principal instalación de seguridad pública en Chihuahua, la Torre Centinela, se habían establecido espacios físicos para la operación de diversas agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, CBP y la ATF, entre otras.
La gobernadora Campos y algunos integrantes de su equipo de trabajo han realizado viajes, encuentros y acuerdos con autoridades estadounidenses en distintos momentos, lo que muestra una estrategia de colaboración constante y lo que confirma que no estamos frente a un hecho aislado, sino ante una política sostenida de coordinación directa con un gobierno extranjero.
Hoy además sabemos con certeza que hubo una omisión al no informar sobre las labores de los agentes extranjeros en Chihuahua, por ello compañeras y compañeros comparezco ante esta soberanía para someter a consideración un punto de acuerdo que plantea.
Primero, citar a reunión de trabajo a la titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y al fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, ante las comisiones de puntos constitucionales y de seguridad pública, a efecto de que informen sobre la naturaleza, alcance y fundamento de la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad en esa entidad, esta reunión está convocada a celebrarse el martes 28 de abril a las 10 horas.
Segundo, requerir un informe detallado sobre los mecanismos de coordinación o su ausencia con las instancias federales competentes de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional.
Tercero, evaluar a partir de dicha información la procedencia de acciones adicionales en el marco de las atribuciones de este Senado. Este Senado no puede ser omiso frente a hechos que de confirmarse vulnerarían el diseño normativo que rige la actuación del Estado mexicano en materia de seguridad nacional y que ponen en entredicho la soberanía de la nación.
Senadoras y senadores, la seguridad de México y la inviolabilidad de la soberanía nacional no admiten ambigüedades ni decisiones unilaterales. El cumplimiento del marco normativo es la base mínima para preservar la integridad del Estado mexicano y una de las obligaciones fundamentales de los servidores públicos.
Con responsabilidad reafirmemos que México se gobierna bajo sus propias leyes y que la soberanía nacional no se negocia, lo digo de nuevo, la soberanía nacional no se negocia. Que este desafortunado episodio nos recuerde que la unidad constitucional es la base de nuestra fortaleza como país y que frente a cualquier intento de vulnerarla, el Estado mexicano sabrá responder con legalidad y dignidad.
Es cuanto, muchas gracias presidenta.
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