Es la única litigante con conocimiento de lengua de señas; busca ser Jueza.

A la abogada en materia familiar Fátima Edith Carmona Salazar, se le conoce en todos los juzgados de Ciudad Juárez como la única litigante intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Si un juez necesita una persona en un juicio con una víctima que es sordomuda, manda llamar a Carmona Salazar.

Ahora tiene la oportunidad de transformar esa experiencia en una política judicial permanente. Este 1 de junio, con tu voto, Fátima Carmona puede llevar la inclusión al centro de la justicia familiar. Marca el número 02 en la boleta amarilla y elige una jueza que hable también con las manos.

“Con la lengua de señas mexicana rompemos barreras de comunicación en las oficinas de Gobierno y garantizamos el acceso efectivo a la justicia”, subrayó la abogada, quien es candidata a jueza familiar en el Distrito Bravos.

“Donde muchos ven un obstáculo grande, yo veo un derecho que garantizar. La justicia no es justa si no es para todos, eso siempre lo digo”, remarcó.

Para la especialista en temas de derecho familiar, no se puede hablar de juicios buenos y hacer justicia si no se escucha a todas las personas, incluso a aquellas cuyas voces son las manos.

“Tengo una usuaria con la que en los juzgados batallaron mucho, hasta que me llamaron y realicé el juicio como intérprete y abogada y los divorcié en los mejores términos”, refirió.

La aspirante a jueza, que será identificada con el número 02 en la boleta amarilla que se entregará en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, afirmó que la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en los tribunales es una forma de exclusión.

Y esto viola garantías institucionales, dijo.

Por ello, aseguró que, si es electa en la primera elección judicial próxima, promoverá la capacitación del personal de los tribunales familiares.

De acuerdo con litigantes, actualmente, en los juzgados familiares no existe una plantilla oficial de intérpretes en LSM, lo que obliga a jueces y personal jurídico a improvisar soluciones.

En el peor de los casos, continúan procesos sin garantizar que las personas sordas comprendan lo que ocurre en sus propios juicios.

Esto ocurre en medio de una sobrecarga generalizada del sistema judicial, donde las audiencias se acumulan, los juicios se alargan y las condiciones de atención para grupos vulnerables son mínimas.